Diario de Sevilla publicó el 1 de julio un artículo de opinión firmado por nuestro Presidente, Daniel Del Castillo Mora:
“A primera vista, en un diagnóstico fácilmente deducible, asistimos hoy día a un proceso evidente de deslegitimación de lo público, denostado porque se le achaca un clientelismo o una parcelación en beneficio propio, en detrimento del servicio público.
Este proceso de degradación de lo público ha contado con varios elementos que concurren aun, y que nos permite expresar que en este preciso momento nos encontramos en el ojo del huracán de dicho devenir.
En primer lugar, realizando un ejercicio de autocrítica desde la propia Administración Pública, resulta evidente que algunos controles no han estado a la altura del significado de la misma. En todo caso, no podemos compartir la percepción de la existencia de un caos o dejadez generalizado dentro de la Administración. La gran mayoría de empleados públicos nos levantamos cada mañana con idea de un servicio público de calidad, que permita a la sociedad mejorar en términos de calidad de vida y sostenibilidad. A muchos les parecerán palabras vacías, pero es algo que puede percibirse a poco que se conozca el completo funcionamiento de lo que implica una Administración Pública y, especialmente, la labor de los funcionarios públicos.
En segundo lugar, ha existido una deformación de la figura de la Administración Pública por la querencia exacerbada a controlar de los partidos políticos, sin excepción. De un tiempo a esta parte asistimos a la difuminación de la frontera entre partido político y Administración Pública, ambos instituciones del Estado, pero con una proyección, naturaleza y funciones distintas. Es por ello que los partidos políticos deben reflexionar, incluso diría en forma de Pacto de Estado, sobre dónde está el límite a esa interrelación con la Administración. Algo que queda fuera de toda duda es la legitimidad que tienen los partidos políticos que han ganado las elecciones para formar su Ejecutivo y configurar una Administración acorde con su política. Pero también es indudable la necesidad de separar los intereses particulares de los partidos políticos de los intereses generales, únicos destinatarios de la actuación de las Administraciones Públicas, como exige nuestra Carta Magna.
Por otro lado, en este momento de Justicia de tumulto, donde parece que debe primar lo mediato, en la judicialización diaria de la actuación de la Administración asistimos a una desnaturalización constante de las fronteras entre el orden jurisdiccional penal y el contencioso administrativo. No puede entenderse como normal, como lógico, que el primer paso generalizado sea la denuncia o querella ante un acto de la Administración Pública. El artículo primero de la Ley rituaria contenciosa administrativa señala que ella conoce de la revisión de los actos de la Administración. Debemos inmediatamente volver a colocar la primera barrera en dicha Jurisdicción, no en la Jurisdicción Penal, porque ello nos obligaría a tener que reformular lo que dispone dicho precepto y, por ende, la Ley Orgánica del Poder Judicial: la invocación de motivos espúreos, la simple inobservancia de plazos en la jurisdicción contenciosa administrativa o la inquina personal contra un cargo público se convierten en arma arrojadiza en el ámbito penal que deja de revestirse de última ratio del Derecho, solo para las conductas más injustas. Como las meigas, en la Administración haberlas haylas. Como en todas las esferas de la vida. Pero no puede compartirse una deslegitimación generalizada de lo público que acabe residenciando cada conducta en el ámbito penal, lo que obliga a rediseñar el esquema actual: si la Jurisdicción contencioso administrativa es la verdadera especializada por ministerio de la Ley en la actuación de las Administraciones Públicas, debe ser ésta la que remita a la Jurisdicción penal, a la mayor brevedad, aquellos casos que tengan indicios razonables de criminalidad, pero, en ningún caso, que la jurisdicción penal sirva de filtro, con las consecuencias irreversibles que ello comporta para los empleados públicos afectados.
Finalmente, debe hacerse un llamamiento a la sociedad y a los medios de comunicación. Entre todos tenemos que aportar una visión sosegada del funcionamiento de la Administración, con la crítica inherente a la labor periodística. Como en todos los ámbitos de la vida, la crítica es lógica y necesaria, puesto que la crítica constructiva es el mejor instrumento de mejora profesional. Pero la crítica feroz, la injusta, la que se produce sin rigor ninguno debe desterrarse por el daño innecesario que genera y que solo sirve para fomentar unos valores negativos de la labor de las Administraciones Públicas.
Nos jugamos mucho. Como país. Como sociedad. Como personas. En un momento como el actual, la serenidad debería ser una cuestión de Estado, lo que nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos, sin mayores aspavientos. Que la Administración es mejorable, es innegable. Pero criminalizar el funcionamiento diario de la Administración Pública es un craso error que no nos podemos permitir. En definitiva, porque la Administración sirve y debe servir a la sociedad, y si aquella no funciona con naturalidad, sino con un pánico diario a no equivocarse, la economía se resiente y la sociedad no ve materializada sus necesidades. Es por ello que, entre todos, estamos obligados a iniciar este camino de reversibilidad de la deslegitimación actual de las Administraciones Públicas, con el objetivo final de la satisfacción de los intereses generales, esto es, de la sociedad en su conjunto”.
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